El abogado de la familia, Hirán Delgado von Leppel, apeló el monto de la fianza establecida para lograr la eximisión de la prisión en la causa que se le sigue Gustavo Stroessner por estafa al Estado Paraguayo.

Gustavo Stroessner está prófugo de la justicia paraguaya desde hace quince años y ahora pretende regresar al país porque su madre en grave estado de salud.

Por su parte las Contralorías Ciudadanas del Paraguay repudian la campaña de retorno al país del ex dictador y su hijo que vienen realizando grupos stronistas.

En un documento señalan que el regreso de los Stroessner "es una afrenta a la ciudadanía en general, a las tantas víctimas que sufrieron tortura y represión bajo el régimen dictatorial, a sus familias, y a las familias de los desaparecidos".

En el texto aseguran que "Alfredo Stroessner es responsable de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no excarcelables".

En la ciudad de Guatemala los asesinatos a menores aumentaron un 14 por ciento en relación al 2004.

En cambio, tanto en Nicaragua y como en Honduras los casos disminuyeron.

Según Casa Alianza esta violencia ejercida sobre los menores se da sobre todo en centros penitenciarios e internados.

Concretamente, el organismo atribuyó la responsabilidad de un 23 por ciento de los asesinatos a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Sin embargo, para Casa Alianza lo peor es que la mayoría de estos crímenes se mantienen en un marco de impunidad.

Para lograr su afianzamiento económico en el país ambas empresas han aprovechado al máximo las condiciones que proporciona el modelo neoliberal transnacionalizante impuesto a la fuerza por la pasada dictadura militar y que luego han seguido administrando y perfeccionando los gobiernos civiles. Dentro de este esquema el estado ofrece una variedad de ventajas al inversionista entre las que se cuentan el bajo precio de la fuerza de trabajo y las posibilidades de hacer uso de una variada desregulación en términos laborales, financieros y de fiscalización.

Para facilitar la explotación forestal la dictadura militar dictó en 1974 el decreto Ley 701, que modificó la Ley de Bosques 4.363 del año 1931. Con respaldo de esas nuevas disposiciones se privatizaron a partir de 1974 las seis empresas estatales del sector forestal: Celulosa Arauco, Celulosa Constitución, Forestal Arauco, Inforsa, Masisa y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Para complementar lo anterior, según consigna, José Araya, en su trabajo "La invasión de las plantaciones forestales en Chile", "se modificó la tenencia y uso de la tierra entre la VIII y X regiones donde se concentra hoy la población mapuche que vive en comunidades. Surgieron de los antiguos latifundios y tierras del Estado las grandes empresas forestales que lideran el mercado y cuyos dueños son dos de los grupos económicos más importantes del país. El grupo Angelini que controla la mayor inversión forestal a través de Forestal Arauco y Celulosa Arauco, y el grupo Matte que controla forestal Mininco y Celulosa CMPC. Ambos grupos controlan mas del 60 % de la actividad forestal y lideran las exportaciones." (1)

A las privatizaciones se agregaron los subsidios y otros mecanismos financieros que facilitaron la ampliación de las propiedades de las forestales y contribuyeron a hacer más lucrativo el negocio. Así fue como Celulosa Arauco y Constitución (Celco) llegó a ser la empresa más grande del sector en el país. Celco es a su vez filial de COPEC, la ex compañía petrolera estatal también privatizada por la dictadura y que hoy es uno de los conglomerados empresariales más grandes que operan desde Chile. La propiedad de COPEC es compartida por el grupo Angelini con el gigante forestal International Paper, que fue incluido en la lista de las 100 principales corporaciones criminales de los 90, debiendo pagar US $2.2 millones en multas por daños ambientales (2).

Paralelamente, en el plano de la minería la dictadura decretó un conjunto de disposiciones que los gobiernos civiles reconocieron como legales. Las principales son Decreto Ley 600, de 1974, que da facilidades en general a los inversionistas extranjeros; Ley Minera 18.097, de 1892 y Código de Minería de 1983, que en la práctica dan amplias libertades a las corporaciones para llevarse los recursos minerales del país. A tanto llegan esas facilidades que a las corporaciones les basta declarar que tienen pérdidas para no pagar impuesto alguno al país. Al presentar su libro "Cobre NO, es de Chile", el senador Jorge Lavandero dijo: "Chile es el paraíso de quienes no pagan sus contribuciones", al referirse al fraude "legal" que efectúan impunemente las grandes compañías mineras. Como ejemplo señaló el caso de la explotación minera El Indio de la Barrick Gold que durante dieciséis años declaró pérdidas para no pagar impuestos. Según afirmó, ese truco tributario es empleado por 44 de las 47 mineras que operan en Chile. Para formalizar su denuncia, el parlamentario entregó al Servicio de Impuestos Internos un documentado informe sobre los métodos empleados por las corporaciones mineras para evadir la tributación (3). Por lo demás el historial de Barrick Gold está asociado desde sus orígenes al aprovechamiento de situaciones como éstas que han afectado a pueblos de distintos lugares del planeta (4).

En las dos situaciones las empresas han procedido con un total desprecio por las comunidades locales a las que de antemano saben que perjudicarán severamente con sus actividades. Tanto la legislación existente como la actuación de las autoridades les proporcionan a estas compañías una suerte de inmunidad, puesto que los proyectos se ubican en dos de los rubros más importantes -minero y forestal- de una economía nacional orientada a la exportación de recursos a como dé lugar. Se trata como se indicó antes de leyes decretadas por la dictadura y que los gobiernos civiles aplican en beneficio de las grandes empresas, ante lo cual las comunidades afectadas se encuentran en situación desmedrada.

A pesar de que en ambas situaciones los proyectos mencionados ponen en peligro actividades productivas ya existentes, las comunidades de las dos zonas afectadas no fueron informadas debidamente sobre los efectos nocivos de los procesos aplicados por estas compañías ni tuvieron participación en las decisiones para su aprobación de funcionamiento, ni siquiera fueron consultadas. Por el contrario, estas empresas someten a la ciudadanía a campañas de desinformación montadas sobre necesidades reales de los vecinos para promover los supuestos beneficios de sus proyectos. Las dos firmas recurren al uso intensivo de propaganda en los medios de comunicación y otros métodos para amenazar a quienes protestan o para captar partidarios. Barrick Gold agregó a estas prácticas la oferta de creación de un fondo de US$ 20 millones, que repartiría en partes iguales para obras sociales entre la provincia argentina de San Juan y la región chilena de Atacama, en caso que se aprobara finalmente su proyecto (5). Al observar el desarrollo de estas campañas se puede constatar el rol obsecuente y cómplice que juegan las autoridades gubernamentales y la elite política. Por lo demás las corporaciones saben que ha sido gracias a facilidades estatales como las ya mencionadas, propias de los así llamados "paraísos de contaminación", que sus experiencias anteriores les resultaron.

Está claro que desde antes de iniciar cada proyecto destructivo ambas corporaciones conocen con precisión el daño que causan sus procesos dado que tienen experiencias anteriores similares y poseen los conocimientos técnicos para medirlos en detalle. En los dos casos se utilizan tecnologías altamente contaminantes y destructivas del medioambiente, aunque ambas empresas proclaman en todos los tonos que no es así. Los procesos utilizados para el blanqueo de la celulosa en las plantas del grupo Angelini están prohibidos en los países desarrollados. Existen y se están empleando en aquellos países procedimientos mucho menos dañinos. De igual manera el sistema de mina a tajo abierto que usa Pascua Lama está siendo prohibido cada vez en más países debido a los graves daños y peligros que representa .

La materia prima para las plantas de celulosa proviene de vastas plantaciones de monocultivo de pino y eucaliptos, especies invasoras de crecimiento rápido. El desarrollo de esas plantaciones ha implicado la destrucción de miles de hectáreas de bosque nativo, junto con el exterminio de numerosas especies de fauna autóctona. Según relata Ernesto Carmona en su libro Los dueños de Chile, "Las forestales de Angelini aparecen con la mayor responsabilidad en la tala de 7 mil hectáreas de bosque nativo que se pierden anualmente en Chile. En 1999 acumularon 43 infracciones (20 de Celco, 15 de Forestal Valdivia y 8 de Bosques Arauco). El 16 de abril de 2001, Celulosa Arauco anunció que no seguirá plantando en Chile, donde ya posee 956.000 hectáreas plantadas, el 1,5% de todo el territorio, 12.000 km2, 50% más de superficie que las 609.364 de Eliodoro Matte Larraín, quien sólo tiene sembradas 320.000 con pinos y 71.000 con eucaliptos. Para 'diversificar el riesgo geográfico' decidió ampliar sus bosques en 50.000 hectáreas,... en Argentina" (6).

En el proceso de blanqueo de la celulosa la planta de Valdivia emplea el sistema llamado ECF (que utiliza dióxido de cloro) que lanza emanaciones tóxicas a la atmósfera y a las aguas y que está prohibido en países desarrollados. Junto con la planta de Valdivia, el grupo Angelini posee otras fábricas de celulosa con la misma tecnología contaminante en Chile (Licantén, Constitución, Itata, Arauco) y en Argentina (Alto Paraná, en Misiones). En cada uno de esos lugares la empresa ha debido enfrentar a las comunidades debido a los efectos de la contaminación de sus plantas (7).

De modo similar, el volumen de material que necesita explotar una mina de oro a tajo abierto es tan enorme que es necesario destruir miles de toneladas de roca y utilizar millones de litros de agua cada día, los que luego son dejados inservibles. Para esa inmensa destrucción se necesitan diariamente toneladas de explosivos junto con toneladas de otras substancias igualmente peligrosas tales como cianuro de sodio, azufre, ácido clorhídrico y soda cáustica (8).

A esto hay que agregar el daño adicional que causan los enormes depósitos de desechos que generan las explotaciones de esta índole. Esa escoria, conocida como pasivos ambientales mineros, continuará deteriorando el entorno hasta muchas décadas después del cierre de la mina. Barrick Gold explota minas de oro con este sistema altamente destructivo de tajo abierto en distintas partes del planeta (Argentina, Australia, Kirguistán, Perú, Tanzania).

Resulta ilustrativo al respecto dar un vistazo a un estudio efectuado en 2001 sobre el impacto de la minería en Kirguistán, en una zona de características muy similares a las del emplazamiento de Pascua Lama. Kirguistán está localizado en un área cordillerana donde nacen ríos que bajan a través de territorios de países vecinos. Según los autores del informe, como las compañías mineras se instalan en la parte superior del nacimiento de los arroyos, su impacto va más allá de los límites del país, de modo que los vertederos de escoria se están convirtiendo rápidamente en un problema internacional que actualmente no tiene ninguna solución. Agregan que ni los gobiernos ni las comunidades de los países afectados pueden supervisar los vertederos de escoria en Kirguistán, a pesar de su preocupación sobre la posible amenaza de contaminación a sus territorios. Sobre el lugar donde operan las mineras asociadas con Barrick Gold señalan: "En Kumtor, que está situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la zona de glaciación alpina, se ven nubes de polvo con nitratos residuales a continuación de cada tronadura. Los científicos han expresado preocupaciones que el depósito de este polvo podría provocar una aceleración del deshielo del glaciar. La red de transporte y la prospección geológica también causan importantes impactos." (9)

Los sectores afectados tenían antes de la llegada de estas empresas un nivel de desarrollo económico basado en la agricultura, el comercio y el turismo, que podía mejorarse sin necesidad de estos proyectos. Cabe destacar que en ambas zonas habitan desde mucho antes de la invasión española, comunidades indígenas que han sabido mantener una relación no destructiva con el medioambiente. En las cercanías de la planta de Valdivia del grupo Angelini, comunidades mapuches han visto derrumbarse sus proyectos turísticos y ven peligrar sus actividades agrícolas y de pesca debido a las descargas y emanaciones de la industria.

Para agravar aun más la situación, la planta de celulosa del grupo Angelini procedió a lanzar sus desechos en dirección al Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el Río Cruces, que es un sitio que Chile incorporó como Humedal de Importancia Internacional al momento de adherirse a la Convención Ramsar (Ley de 1981). La muerte masiva de cisnes de cuello negro y otras aves y peces de este santuario fue el resultado más impactante del accionar de la planta y a la vez el llamado de alerta de la naturaleza que terminó por movilizar a vastos sectores de la ciudadanía.

Barrick Gold, por su lado, sin haber sido aprobado el comienzo de los trabajos, inició la destrucción de glaciares milenarios que constituyen verdaderos estanques naturales que proveen agua al Valle del Huasco, un sector productivo en medio del desierto. En la presentación oficial de su proyecto ni siquiera había mencionado los glaciares, bajo los cuales se encuentra el oro. La minera también enfrenta juicios por usurpación de tierras de comunidades diaguitas en las cercanías de su proyecto, además de poner en peligro lugares de alto valor arqueológico. El proyecto Pascua Lama constituye igualmente una seria amenaza para la Reserva de la Biosfera San Guillermo, ubicada en territorio argentino y declarada para la protección del ecosistema en 1981 por la UNESCO. En el sector se encuentra la mayor concentración de vicuñas salvajes del continente y se puede observar también un buen número de guanacos, ñandúes y zorros colorados.

La muerte de los cisnes y la destrucción de los glaciares hicieron más evidentes los reales procedimientos que ambos proyectos pretendían ocultar. Ambas empresas tuvieron que redoblar la intensidad de sus campañas y acciones destinadas a imponer sus proyectos a como diera lugar (10). En su afán por aparecer con perfiles respetables, las dos empresas no vacilaron en recurrir a la difusión de declaraciones sin fundamento real e incluso a falsear documentos.

El proceder adquirió características de escándalo cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor del funcionamiento de la planta de Valdivia con base en un informe técnico falso que le entregó Celulosa Arauco atribuyéndolo a un instituto de la Universidad de Concepción que de inmediato denunció el fraude. La Corte Suprema se encuentra ahora enfrentada a una acusación constitucional ante el Congreso por haber basado su juicio en un informe falso proporcionado por el grupo Angelini.

De modo similar, funcionarios de Barrick Gold declararon a los medios chilenos que poseían vasta experiencia en el manejo de glaciares, ante las protestas por su la destrucción de los hielos milenarios de la cordillera. Un estudio del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) demostró la falsedad de las afirmaciones de la corporación. Se descubrió que los glaciares no existen en algunos de los países dados como ejemplo por la minera y que donde los hay, como en Kumtor, Kirguistán, la actividad extractiva de las mineras está destruyendo esas valiosas masas de hielo.

Como parte de su campaña también, Barrick Gold contrató millonarios espacios publicitarios en Televisión Nacional de Chile (TVN), consiguiendo con ello poner a su servicio la mayor cadena del país. Así TVN, aunque es una empresa estatal, no informa sobre la oposición a Pascua Lama por parte de las comunidades afectadas y los grupos ecologistas que las respaldan. La situación motivó protestas ante las autoridades cuando las últimas manifestaciones masivas contra el proyecto minero efectuadas en Vallenar y Santiago fueron sencillamente ignoradas por la emisora estatal.

Las maniobras del grupo Angelini y Barrick Gold por imponer sus proyectos no han tenido hasta el momento los efectos esperados por sus autores pero han servido para mostrar una vez más la errada política ambiental del gobierno e implicaron a otras instituciones estatales como el tribunal supremo de justicia y la televisora. Ahora viene una nueva fase en el esfuerzo por hacer aparecer aceptables estos proyectos. Desde luego que todo este quehacer forma parte del negocio y de su realización se encargan empresas de "comunicación estratégica" especializadas en relaciones públicas y cabildeo o lobby, actividad sobre la que se ha demorado en legislar en Chile (11).

Las compañías contratadas para este blanqueo de imagen, junto con presionar a las autoridades pertinentes, usan la estrategia de propaganda llamada "manejo de la percepción" (perception management) para manipular o controlar la manera en que la comunidad afectada visualiza el daño ambiental generado por sus clientes. Esta técnica para orientar la percepción de sectores elegidos de la población es conocida también como "diplomacia pública" y ha sido perfeccionada por expertos en guerra psicológica de los servicios secretos estadounidenses luego de su derrota en Vietnam, a partir de las enseñanzas de Edward Bernays, considerado por algunos como el "padre" de las relaciones públicas corporativas (12). El Diccionario de Términos Militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos define "manejo de la percepción" como las "acciones para transmitir y/o negar información e indicadores seleccionados a públicos extranjeros para influir en sus emociones, motivos y razonamiento objetivo, así como a los sistemas de inteligencia y líderes a todos niveles para influenciar estimaciones oficiales, produciendo finalmente conductas y acciones oficiales extranjeras favorables a los objetivos del autor. De diversas maneras, el manejo de la percepción combina proyección de la verdad, seguridad de las operaciones, encubrimiento y engaño, y operaciones psicológicas" (13).

La manipulación de informes científicos para efectuar actividades cuestionadas ambientalmente no es algo nuevo en el país. En su estudio sobre la empresa maderera Boise Cascade, George Draffan nos recuerda que "La firma de relaciones públicas Burson Marsteller, contratada por Boise Cascade, trató de torcer los resultados de un estudio técnico hecho por el departamento de silvicultura de la Universidad de Concepción, pero dos días después los forestales universitarios revelaron la manipulación de su informe técnico, y declararon que el proyecto era insustentable" (14)

Se trataba esa vez de un proyecto para construir un complejo de astillas y tableros de madera (OBS) por $180 millones de dólares en Bahía Ilque, Chile. El plan se formalizó en 1997, entre Boise Cascade y la empresa chilena de Maderas Cóndor S.A. (Forestal Cóndor, cuyo abogado era Miguel Aylwin, hijo del ex presidente Patricio Aylwin) en una operación conjunta llamada Cascada Chile (que después se llamó Compañía Industrial Puerto Montt, o CIPM). Draffan también menciona en su trabajo que "Un estudio de impacto medioambiental del proyecto preparado por Dames & Moore (la misma firma consultora que preparó un estudio para la propuesta de proyecto maderero de Trillium en Chile) analizó sólo los impactos de construir la fábrica y el puerto, y no los impactos de cortar miles de acres de madera para alimentar la fábrica. Cascada Chile publicó anuncios distorsionando la oposición ciudadana, y el periódico local Llanquihue publicó un editorial apoyando 'Ilque y la gallina de los huevos de oro' y atacando a los opositores como 'eco-terroristas.' "(15).

Desde luego operaciones similares ocurren habitualmente en otros países. Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), los intereses de la pulpa y el papel en Indonesia y otros países han recurrido a la represión y abusos a nivel local mientras contratan empresas de relaciones públicas como Burson Marsteller para presentar un cuadro más agradable a clientes y legisladores en Occidente, así como para infiltrar, minar y supervisar a los grupos medioambientalistas occidentales. Las empresas de relaciones públicas contratadas por la industria también se encargan de estigmatizar como "radicales" o "irresponsables" a los movimientos que están por la reducción del consumo de papel en Occidente (16). En Ecuador el gobierno pagó $180,000 dólares al departamento de cabildeo de Burson-Marsteller (Black Kelly Scruggs y Healey) por asesoría para hacer frente a las protestas medioambientales y de las comunidades indígenas por un proyectado oleoducto (17).

Nada de lo arriba expuesto, de parte de forestales y mineras, habría sido posible sin una apertura realizada en concierto con las empresas por parte del estado y el sistema político. Eso se materializó en Leyes forestales y mineras implementadas por el Gobierno Militar y aceptada por los gobiernos civiles que le dieron todavía mayor extensión.

Todo eso ha implicado, casi de modo natural, espacios de corrupción que las empresas han consultado en sus presupuestos de inversión. Un logro importante ha sido obtener a toda costa el rebajamiento de la defensa de cualquier interés nacional, social o ambiental a corto o largo plazo. Eso, por ejemplo, se ha reflejado en la extensión y carácter de las concesiones, en la suposición de que las concesiones implicaban un derecho de propiedad absoluto (uso, goce, disposición), y una casi completa liberación de impuestos.

Luego, esta estrategia se ha ceñido a principios que tienen su punto de partida en la dogmática neoliberal globalizante que supone que donde exista un recurso, este debe ser explotado. Ese es un fin que justifica todos los medios. En este plan se echó por la borda toda limitación conservacionista de bosques naturales, o de sostenimiento de tierras cultivables, y la eliminación de poblaciones. En el caso minero se estimuló el trabajo "productivista" no importando los costos ambientales, o si se quiere, un trabajo que aumentaba la ganancia y la productividad a un alto costo ambiental.

Esta estrategia, que puede representarse como sosteniendo la meta de una creciente apropiación y una alta producción, puede así verse también como una estrategia consentida de destrucción ambiental. Y en los hechos llega a ser éste el fin que se alcanza, al margen de las virutas de Angelini o las barras de Barrick Gold.

Nada de esta estrategia, por supuesto, queda expuesta en las campañas de imagen de las compañías, pero ese es otro costo que las compañías se ven obligadas a asumir, un poco para bajar una presión que se volvería contra su sostenedor: el estado.

De concretarse la anunciada inversión de Stora Enso sumándose a la de Botnia y Ence, Uruguay se convertiría en uno de los países latinoamericanos con mayor presencia relativa de fábricas de celulosa. Esta expansión es fuertemente cuestionada por grupos ecologistas y de productores que defienden un modelo de desarrollo "auténticamente sustentable".

]]> 2005-12-28T03:06:00-03:00 Mayo frances